F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 29 de septiembre de 2020

Decisión de

Cámara de Resolución de Disputas

tomada el 29 de septiembre de 2020,

con respecto a una disputa laboral con respecto al jugador MATÍAS PISANO

INTEGRADA DE LA MANERA SIGUIENTE:

Omar Ongaro (Italia), Vicepresidente

Roy Vermeer (Países Bajos), miembro

José Luis Andrade (Portugal), miembro

DEMANDANTE:

MATÍAS PISANO, Argentina

Representado por D. Oscar Pablo Bruera

DEMANDADO:

AMÉRICA DE CALI, Colombia

Representado por D. Alejandro Zorrilla Pujana

I. HECHOS DEL CASO

1. Con fecha 10 de julio de 2019, el jugador argentino, Matías Pisano (a continuación: el jugador o el demandante) y el club colombiano, América de Cali (a continuación: el club o el demandado) firmaron un contrato laboral válido desde el 10 de julio de 2019 hasta el 9 de julio de 2020.

2. Mediante la cláusula primera del contrato se acordó que “las Partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del [jugador], o impliquen perjuicios para éste. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el [club], de conformidad con el numeral 8 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El [jugador] se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el [club] dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del [jugador] y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del [jugador], de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 50 de 1990, artículo 1.”

3. Según la cláusula novena del contrato, el club se comprometió a pagar al jugador un salario mensual de Peso Colombiano (COP) 21,000,000.

4. A base de la cláusula décima primera del contrato, las partes convinieron, inter alia, que “si el jugador, durante la participación del [club] en torneos oficiales […], logra disputar por lo menos un [70%] de los mismos, se hará acreedor de una bonificación por valor de” COP 30,000,000.

5. La cláusula vigésima sexta del contrato estabelece lo siguiente: “VIGESIMA SEXTA: INTERPRETACION. Este Contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y sera interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo Colombiano cuyo objeto, definido en su articulo 1, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espiritu de coordinación económica y equilibrio social”.

6. Ese mismo día, 10 de julio de 2019, las partes firmaron un “Convenio Privado de Opción de Compra y Participación de de Derechos Económicos” (en adelante: el Convenio).

7. De acuerdo con la cláusula sexta del Convenio, el club pargará al jugador la cantidad de COP 45,000,000 al mes, pagaderos el día 30 de cada mes, “por el hecho de haber suscrito el contrato de trabajo y otorgar la opción de compra sobre sus derechos federativos y económicos”.

8. El Convenio no posee cláusula de ley aplicable.

9. El 13 de marzo de 2020 se suspendió la liga local a causa del COVID-19.

10. El 12 de abril de 2020, el club envió una carta al jugador mediante la cual se le informó que el contrato de trabajo estaba suspendido en conformidad con el art. 51 de Código Sustantivo de Trabajo de Colombia. En dicha carta, el club explicó que el 3 de abril de 2020 se le trasladó al plantel de jugadores via 3 atletas una primera propuesta económica. Asimismo, la carta explica que el 10 de abril de 2020 el club supuestamente se reunió por teleconferencia con cada jugador.

11. El jugador supuestamente envió al club una “nota de puesta en mora por falta de pago salarial”. Dicha nota no lleva ni fecha ni firma.

12. El 10 de junio de 2020, el jugador envió un e-mail al club, y haciendo referencia a la nota anterior, terminó el contrato con fundamento en el art. 14bis del Reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA.

II. POSICIÓN DE LAS PARTES

13. El 20 de junio de 2020, el jugador interpuso la demanda en cuestión contra el club. La posición de las partas se resume a continuación.

a. Demanda del jugador

14. En su demanda, el jugador primeramente argumentó que siempre ha cumplido con sus obligaciones contractuales. A continuación, el jugador mantuvo que el club, “en una medida unilateral […] suspendió el contrato de trabajo con el jugador”.

15. Según el jugador, el contrato “indica claramente que el jugador debe aceptar los cambios propuestos por” el club. El jugador destaca que los cambios contractuales “deben respetar las condiciones laborales y no se le cause perjuicio alguno al trabajador, no pudiendo afectare derechos mínimos (artículo 23 del código sustantivo del trabajo […])”.

16. En concreto, el jugador sostuvo que “se desprende del mismo contrato que cualquier modificación del mismo debe hacerse por escrito, firmado por ambas partes y anexarse al mismo. Algo que está a la vista no ha sucedido”.

17. A continuación, el jugador sostiene que el club “emite un tweet diciendo textualmente: “con 2 jugadores de la plantilla tampoco pudimos llegar a un acuerdo y se le suspendieron los contratos @jp6Segovia y @matipisano”.

18. Refiriéndose a dicho tweet, el jugador explicó que “se simula que hubo una negociación y que no se arribó a un acuerdo. Sin embargo […] no hubo la más mínima posibilidad de diálogo para resolver esta situación.”

19. Para el jugador “está claro que se usa la pandemia como excusa para no hacerse cargo de las obligaciones contraídas”. En este contexto, el jugador entiende que “la legislación de Colombia entiende esta situación enmarcada en el artículo 64 del Código Sustantivo por lo que se debe al jugador una indemnización”.

20. El jugador sostiene que mandó al club una “nota de puesta en mora por falta de pago salarial”. En particular, en dicha “nota de puesta en mora”, el jugador subrayó que rechaza “la suspensión del contrato laboral” además de la “comunicación realizada desde la cuenta oficial de twitter del […] presidente del club, del día 1 de junio de 2020”. El jugador continuó explicando que “esta comunicación llega en el momento en que [se] autoriza el reinicio [del] fútbol desde el próximo 8 de junio”. El jugador manifestó que “disposición adoptada, vulnera […] la normativa que por la pandemia vinculada al coronavirus dispusiera la FIFA prohibiendo las medidas unilaterales […] Asimismo aclaramos que no se nos ha notificado del número de la resolución que dispone la suspensión del contrato […] por lo que se desconoce cuál ha sido el acto administrativo realizado.”

21. Finalmente, mediante su “nota de puesta en mora”, el jugador realizó el siguiente petitorio:

a) “se deje sin efecto la suspensión del contrato”;

b) “se llame a una instancia de diálogo tal como lo han solicitado expresamente la FIFA”;

c) “se hagan efectivos todos los pagos adeudados del contrato […] más los intereses correspondientes”.

22. El jugador elaboró que no se puede “invocar el artículo 51 del código sustantivo del trabajo en su numeral 1, debido a que [Colombia] no ha dictado una norma sobre fuerza mayor, por lo que mal puede ser invocado en este caso”.

23. El jugador solicitó el pago total de COP 275,000,000, “más los intereses hasta su efectivo pago”, correspondiente a lo siguiente:

a) COP 27,500,000 “marzo”;

b) COP 72,500,000 “abril”;

c) COP 72,500,000 “mayo”;

d) COP 72,500,000 “junio”;

e) COP 30,000,000 “premio por jugar el 70%”.

24. Además, el jugador solicitó “2 meses completos en concepto de daño de imagen por la mala fe del club y los daños psicológicos que resultan de la decisión unilateral del club”.

25. Asimismo, el jugador rogó la imposición al club de “las máximas sanciones permitidas por el incumplimiento contractual [y] daños” al jugador.

26. Finalmente, el jugador solicitó que el club sea responsable de pagar las costas y gastos del proceso.

b. Respuesta del club

27. Es su respuesta, el club elaboró que la ley aplicable a la disputa es el Reglamento de la FIFA, “Así como las provisiones normativas pertinentes de naturaleza de orden público que surten efectos en territorio colombiano, en relación con el vínculo contractual que unió a las partes”.

28. El club sostuvo que no hubo suspensión del contrato con el atleta de forma automática, y argumentó que la suspensión fue en realidad un acto unilateral del club tras no haber logrado éxito en negociar términos de reducción con el atleta. En ese sentido, el club hizo referencia a los hechos de 3, 10 y 12 de abril de 2020.

29. En particular, el club sostuvo que no pudo proceder con una negociación a nivel colectivo “una vez que la administración del Club, se vio en la necesidad de abordar individualmente para explicar, en cada caso concreto, como afectaba la ecuación económica contractual de cada Jugador, porque el criterio colectivo causó confusión entre los integrantes de la escuadra profesional, de toda forma que, en atención a los montos devengados, que son diferentes en cada caso, el impacto de la propuesta del club, sería mayor, en la medida que la retribución era mayor”.

30. Respeto al jugador, el club argumentó que no pudo llegar a un acuerdo con él, y por lo tanto “la decisión de suspender el contrato, desde el punto de vista jurídico, se adoptó de firma unilateral, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar descritas”.

31. A continuación, el demandado rechazó el argumento esgrimido por el jugador en el sentido de que este tuvo afectaciones del mínimo vital, e hizo referencia una decisión del Juzgado Décimo Administrativo Oral de Bucaramanga, fechado 11 de mayo de 2020. De igual manera, el club rechazó los argumentos de que los derechos en disputa sean irrenunciables y de que hubo daño moral al jugador.

32. Además, el club alegó que “no usó la Pandemia para incumplir sus obligaciones de forma dolosa”, y, haciendo referencia a la Pandemia del COVID-19, argumentó que “Desde abril 7 de 2009 (sic), la FIFA expidió el documento denominado COVID19 Football Regulatory Issues, que ha servido como herramienta fundamental para interpretar las circunstancias excepcionales que hemos atravesado. En lo pertinente y relevante, es claro que ese documento, suministró las bases conceptuales e interpretativas, guías, a efectos de valorar las decisiones, excepcionales, que se podrían generar en dichas épocas”. En ese sentido, el club entiende como “evidente” los impactos en los ingresos, boletería y transferencias a causo de la pandemia.

33. El club también rechazó que hubo cualquier discriminación contra el demandante, y negó fehacientemente que “la Plantilla Profesional, al momento de la presentación de la Reclamación hayan iniciado trabajos de entrenamiento ni que se haya impedido la participación del Demandante en los mismos”.

34. El club también alegó que no se puede aplicar al caso el art. 14bis del Reglamento de la FIFA a razón de que “los jugadores hayan realizado trabajo físico en casa, sin desconocer sus virtudes, no puede entenderse o interpretarse como una ejecución perfecta del contrato por parte del trabajador, en el ámbito de las competencias de fútbol profesional. Sin lugar a dudas, los contratos de trabajo de los futbolistas profesionales, tienen un objeto especial que se deriva de la actividad principal, esto es, participar en las competencias de fútbol profesional para las cuáles es elegible, actividad, industria o mercado, que conforme lo hemos expresado, están prohibidas actualmente en territorio colombiano”.

35. El club, por fin, argumentó que se debe aplicar el art. 51 del Código Substantivo del Trabajo Colombiano, según el cual “El contrato de trabajo se suspende: 1. Por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución”. De igual manera, el club sostuvo que se debe aplicar el art. 51 del mismo Código, según el cual Todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la existencia de tales alteraciones, corresponde a la justicia del Trabajo decidir sobre ella y, mientras tanto, el contrato sigue en todo su vigor”.

36. El petitorio del demandado fue el siguiente: “Solicitamos que, se examine todos los hechos probados y se disponga, si en derecho corresponde, la revisión de la ecuación económica contractual, y se determine si América de Cali adeuda suma alguna al Demandante”.

c. Réplica y situación laboral del jugador

37. En respuesta a la solicitación expresa de la FIFA, el jugador aclaró que no firmó un nuevo contrato laboral.

38. Adicionalmente, en su réplica, además de reiterar sus argumentos anteriores, el demandante aclaró que en su opinión y tal cual esgrimió el club, el derecho aplicable son los reglamentos de la FIFA. Sin embargo, en jugador argumentó que la legislación suiza plantea los principios de la estabilidad contractual, pacta sunt servanda y abuso de derecho, el último lo cual el club ha incurrido.

39. El jugador también sostuvo, en caso de aplicación de ley colombiana, que el Estado Colombiano no decretó una situación de Fuerza Mayor ni Caso Fortuito, lo que supuestamente el club reconoció en su contestación.

40. Por último, el jugador afirmó que “La contestación de la demanda desnuda el principal objetivo que tiene el América de Cali para con el demandante: cambiar las condiciones del contrato unilateralmente reduciendo el salario en forma abrupta ya que "era el mejor salario pago del plantel" (sic.), fuera de cualquier contexto de la pandemia, que recién comenzaba a iniciarse y todavía no se sabía cuál sería la consecuencia de la misma”.

d. Duplica del club

41. En su duplica, el club añadió que sin perjuicio de los reglamentos de la FIFA y en particular el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, la legislación colombiana contempla la figura de la suspensión del contrato en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. En ese sentido, el club esgrimió que dicha fuerza mayor “no debe ser decretada ni explícita ni implícitamente por el gobierno colombiano”. A continuación, el demandado razonó que, bajo los precedentes de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público son equivalentes a un acto de fuerza mayor. Así, concluyó el club que “el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional colombiano, así como las prohibiciones de celebración y ejecución de eventos y encuentros de carácter futbolístico, son actos de autoridad que imposibilitaron temporalmente la ejecución de los contratos de trabajo de los futbolistas”.

42. A continuación, el club reiteró sus argumentos anteriores de que el club fuera impactado severamente por la pandemia, especialmente en razón de la suspensión de la liga local y de los pagos por parte de sus sponsors. De misma manera, el club rechazó que hubiera discriminado al jugador, y añadió que no llegar a un acuerdo con el demandante, ante un plantel de jugadores de diferentes nacionalidades, no importa discriminación.

43. En conclusión, el club alegó que “en ejercicio de una posibilidad legal, amparada por la normatividad laboral colombiana, suspendió de manera temporal el contrato de trabajo del demandante”.

III. CONSIDERACIONES DE LA CÁMARA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

a. Competencia y marco regulatorio aplicable

44. En primer lugar, la Cámara de Resolución de Disputas (en adelante: la Cámara o la CRD) analizó si era competente para tratar el caso en cuestión. A este respecto, la CRD, en consideración al contenido del art. 21 de la edición de junio de 2020 del Reglamento de los procedimientos de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas (en adelante: el Reglamento de Procedimiento), determinó que dicha edición del Reglamento de Procedimiento es aplicable al asunto en cuestión.

45. A continuación, la CRD se refirió al art. 3, apdo. 1 del Reglamento de Procedimiento y confirmó que de acuerdo con el art. 24, apdo. 1 en conexión con el art. 22 letra a) y b) del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (edición agosto de 2020), la FIFA tiene la competencia para tratar disputas laborales entre clubes y jugadores. Por lo tanto, la Cámara es competente para decidir en el presente litigio, lo cual involucra a un jugador argentino y un club colombiano.

46. A continuación, la Cámara analizó cual era la edición del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores que debe ser aplicada al fondo del presente asunto. A este respecto, hizo referencia al art. 26, apdos. 1 y 2 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Igualmente, la Cámara tomó nota que la demanda fue interpuesta ante la FIFA el 20 de junio 2020 y sometida para decisión el día 29 de septiembre de 2020. En vista de lo anterior, la Cámara concluyó que la edición de junio de 2020 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en adelante: el Reglamento) es aplicable al fondo del presente litigio.

b. Carga de la prueba

47. La CRD recordó el principio básico de la carga de la prueba, según lo estipulado en el art. 12 párr. 3 del Reglamento de Procedimiento, según el cual la parte que reclame un derecho sobre la base de un hecho alegado asumirá la respectiva carga de la prueba. Asimismo, la Cámara destacó la redacción del art. 12 párr. 4 del Reglamento de Procedimiento, conforme al cual él podrá considerar prueba no presentada por las partes.

48. Asimismo, la CRD también recordó que de conformidad con el art. 6 párr. 3 del Anexo 3 del Reglamento, los órganos judiciales de la FIFA pueden utilizar, dentro del ámbito de los procedimientos relacionados con la aplicación del Reglamento, cualquier documentación o evidencia generada o contenida en el TMS.

c. Fondo de la disputa

49. Una vez establecida la competencia y el Reglamento aplicable, entrando en la substancia del presente asunto, la Cámara comenzó tomando nota de los hechos mencionados, así como de los documentos aportados al expediente. Sin embargo, la CRD destaca que, sin embargo de las amplias y completas peticiones de las partas así como la vasta documentación proporcionada, en las siguientes consideraciones, sólo se referirá a los hechos, argumentos y prueba documental que considere pertinentes para el análisis del presente caso.

i. Principal discusión jurídica y consideraciones

50. Entrando por tanto en el fondo de la cuestión, la Cámara observó que, las partes firmaron un contrato de trabajo el día 10 de julio de 2019, válido desde la fecha de su firma hasta el 9 de julio de 2020 y que, posteriormente, en la fecha de 12 de abril de 2020, el club suspendió unilateralmente dicho contrato bajo la justificación de la pandemia de COVID-19. Asimismo, la Cámara tomó nota de que el jugador alega haber puesto en club en mora, y subsecuentemente procedido a terminar la relación laboral con el club el día 10 de junio de 2020.

51. Por tanto, la Cámara entendió que la cuestión jurídica principal que tenía que resolver en el presente asunto era si el jugador tenía justa causa para rescindir el contrato de manera unilateral.

52. En ese sentido, la CRD, en primer lugar, destacó que la suspensión unilateral del contrato por parte del club el 12 de abril de 2020 aparentemente se basó en la pandemia mundial de COVID-19.

53. Dicho esto, la Cámara quiso referirse al hecho de que, a la luz del brote mundial de COVID-19, la FIFA emitió un conjunto de directrices, las Directrices de la FIFA para afrontar las consecuencias jurídicas de la COVID-19 (a continuación: las Directrices), que tienen como objetivo proporcionar orientación y recomendaciones adecuadas a las asociaciones miembro y partes interesadas, tanto para mitigar las consecuencias de las interrupciones causadas por la COVID-19 como para garantizar que cualquier respuesta se armonice en el interés común. Además, el 11 de junio de 2020, la FIFA emitió un documento adicional, conocido como FIFA COVID-19 FAQ (a continuación: FIFA COVID FAQ), que aclara las cuestiones más relevantes en relación con las consecuencias regulatorias del brote de COVID-19 e identifica soluciones para nuevos asuntos regulatorios.

54. La Cámara señaló claramente que la suspensión unilateral del contrato el 12 de abril de 2020 se basó en la suposición del club de que el brote de la pandemia de COVID-19 debía considerarse una situación de fuerza mayor, como resultado de la cual no tenía otra opción sino suspender el contrato bajo con amparo en la ley local.

55. Al analizar el concepto de situación de fuerza mayor, los miembros de la Cámara señalaron que, con base en el contenido de las Directrices y del FIFA COVID FAQ, la FIFA no declaró que el brote de COVID-19 fuera una situación de fuerza mayor en cualquier país o territorio específico, ni que un contrato de empleo o transferencia concreto se viera afectado por el concepto de fuerza mayo. En otras palabras, en cualquier controversia determinada, corresponde a la parte que invoca fuerza mayor establecer la existencia de dicho evento bajo la ley / normativa aplicable, así como las consecuencias que se deriven de ello. El análisis de la existencia de una situación de fuerza mayor debe considerarse caso por caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes.

56. La Cámara también quiso referirse al hecho de que los documentos COVID-19 antes mencionados emitidos por la FIFA - según la redacción explícita del FIFA COVID FAQ núm. 16, así como las páginas 6 y 7 de las Directrices, solo son aplicables a las “modificaciones unilaterales de contratos de trabajo en vigor”. Por lo tanto, excepto cuando ocurrió una terminación de un contrato luego de una modificación unilateral como resultado del brote de COVID-19 (en cuyo caso la validez de la modificación debe evaluarse bajo las Directrices), dichas Directrices no se aplican para evaluar las terminaciones unilaterales de convenios laborales existentes. Los miembros de la Cámara señalaron además que para la evaluación de las controversias que se presenten ante los órganos judiciales de la FIFA en relación con la terminación unilateral de un contrato, se aplicará el Reglamento y la jurisprudencia establecida de la Cámara de Resolución de Disputas.

57. La CRD señaló que, en el presente caso, hubo modificación unilateral del contrato antes de su terminación. Por lo tanto, las Directrices y el FIFA COVID FAQ son aplicables.

58. En consideración al anterior, la CRD pasó a examinar la documentación y alegaciones de las partes en el expediente, y subrayó, una vez más, que en conformidad con el párrafo 3 del artículo 12 del Reglamento de Procedimiento, la carga de probar que la suspensión contractual se llevó a cabo de manera legal recae en el club. En aras de exhaustividad, la CRD también hizo referencia a la pregunta número 15 del FIFA COVID FAQ, la cual enfatiza el mismo principio de la carga de la prueba ya destacado.

59. En ese sentido, la CRD subrayó que quedó claro y no disputado por las partes que el contrato fue suspendido por acción unilateral del club.

60. Consecuentemente, a pesar de los argumentos de que el club tenía derecho bajo la ley nacional a suspender el contrato, el demandado no aportó ninguna documentación respeto a la aplicación de la ley nacional. En particular, no se produzco copia del Código Sustantivo del Trabajo Colombiano; el club se limitó a citar dicho artigo en sus peticiones.

61. Ante el deber del club de probar que dicha suspensión tuvo lugar de manera lícita y sin haber el demandado aportado documentación en soporte de dicha alegación, la CRD concluyó que el club cumplió con su onus probandi y, consecuentemente, que la suspensión del contrato tuvo lugar sin base legal.

62. Consecuentemente, la CRD decidió que bajo el principio del pacta sunt servanda, el jugador tiene derecho a sus salarios correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020, los cuales no fueron pagados por el club.

63. A ese respeto, la Cámara destacó que en su demanda el jugador nunca hace referencia a cláusulas específicas del contrato, y asimismo argumenta que su salario era de COP 72,500,000. Sin embargo, por el contenido de los contratos (i.e. el contrato y el convenio) aportados al expediente, resulta que la remuneración total pagadera al jugador por el club llega a un total de COP 66,000,000 por mes (i.e. COP 11,000,000 más COP 45,000,000).

64. Por lo tanto, la CRD decidió que el club tiene que pagar al jugador el monto total de COP 159,500,000, correspondientes a la remuneración prorrateada de marzo 2020 (i.e. COP 27,500,000 en conformidad con el petitorio del jugador y el principio non ultra petita), y la remuneración de los meses de abril y mayo de 2020 (i.e. COP 66,000,000 cada).

65. Además, teniendo en cuenta la petición del jugador, así como la jurisprudencia de larga data de la CRD a este respecto, la Cámara decidió otorgarle al demandante intereses de un 5% anual a partir de la fecha del reclamo.

66. A continuación, la Cámara pasó a analizar la cuestión de la terminación del contrato por el jugador. En ese sentido, la CRD recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia constante y de larga data tanto de la CRD como del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS-CAS), solo un incumplimiento o mala conducta de cierta gravedad justifica la rescisión de un contrato. En otras palabras, solo cuando existen criterios objetivos que no permiten razonablemente esperar una continuación de la relación laboral entre las partes, un contrato puede rescindirse prematuramente. La rescisión prematura de un contrato de trabajo solo puede ser una medida de ultima ratio.

67. Teniendo en cuenta el anterior, la Cámara observó que el jugador alegó haber puesto el club en mora al remitirle una “nota de puesta en mora por falta de pago salarial”. Sin embargo, dicha nota, en la manera que fue aportada al expediente por el demandante, no lleva ni fecha ni firma. Asimismo, no se aportó ninguna prueba adicional de que dicha nota haya sido efectivamente enviada por el jugador al club.

68. Así, una vez más refiriéndose al art. 12 párr. 3 de las Reglas de Procedimiento, la DRC concluyó que el jugador no pudo probar haber puesto el club en mora. Consecuentemente, la Cámara, en consideración al contenido del art. 14 y 14bis del Reglamento y la jurisprudencia de la CRD, decidió que el jugador no fue capaz de establecer en un grado de satisfacción confortable que él tuvo justa causa para terminar el contrato anticipadamente.

69. A continuación, la reclamación de bonificaciones del demandante también tuvo que ser rechazada, ya que el jugador no presentó pruebas documentales que lo corroborasen, demostrando que tendría derecho a recibir tales bonificaciones.

70. Finalmente, la demanda del jugador por daños a su imagen fue totalmente rechazada por la CRD, a causa de falta de base contractual, reglamentaria y legal en ese sentido.

ii. Conformidad con decisiones de carácter monetario

71. A continuación, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la Cámara hizo referencia a los párrafos 1 y 2 del artículo 24bis del Reglamento, de conformidad con los cuales, en su decisión, el órgano decisorio de la FIFA respectivo también se pronunciará sobre las consecuencias derivadas del hecho que la parte pertinente (club o jugador) omita pagar puntualmente las cantidades adeudadas (sumas pendientes y/o indemnización).

72. En este sentido, la Cámara señaló que, para un club, la consecuencia de la omisión de pago de las cantidades correspondientes dentro del plazo previsto consistirá en la prohibición de inscribir a nuevos jugadores, tanto en nivel nacional como en el internacional, hasta que se abonen las cantidades adeudadas, prohibición que será por una duración total máxima de tres períodos de inscripción completos y consecutivos.

73. En virtud de las anteriores consideraciones, la Cámara decidió que, si el club no cumple sus obligaciones de pago derivadas de la presente decisión dentro de los 45 días siguientes contados a partir de la notificación del demandante a al demandado de sus datos bancarios, tras la notificación de la presente decisión, se le impondrá al demandado una prohibición de inscribir nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, hasta el momento en que se abonen las cantidades adeudadas y por un máximo de tres periodos de inscripción completos y consecutivos, de acuerdo a lo estipulado en párrafos 2 y 4 del artículo 24bis del Reglamento.

74. Además, y tomando en consideración lo estipulado en el art. 24bis párr. 3 del Reglamento, la Cámara subrayó que las prohibiciones y restricciones mencionadas anteriormente se levantarán inmediatamente y antes de su cumplimiento total, una vez las cantidades adeudadas hayan sido abonadas por los demandados.

75. La Cámara concluyó sus deliberaciones desestimando cualquier otra petición presentada por las partes.

d. Costas

76. La CRD se refirió al artículo 18 párr. 2 del Reglamento de Procedimiento, y decidió que no se impondrían costas procesales a las partes. Asimismo y en aras de la exhaustividad, la CRD recordó el contenido del art. 18 párr. 4 del Reglamento de Procedimiento, y decidió que no se otorgará compensación procesal en este procedimiento.

IV. DECISIÓN DE LA CÁMARA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

1. La demanda del demandante, MATÍAS PISANO, es parcialmente aceptada.

2. El demandado, AMÉRICA DE CALI, tiene que pagar al demandante la cantidad siguiente:

- 159,500,000 COP en concepto de remuneración adeudada más 5% de intereses anuales devengados desde el 20 de junio de 2020 hasta la fecha del efectivo pago.

3. Cualquier otra demanda del demandante queda rechazada.

4. El demandante debe notificar al demandado, directa e inmediatamente, la cuenta bancaria en la cual el demandado debe proceder al pago de las cantidades adeudadas.

5. El demandado deberá remitir a la FIFA prueba del pago de las cantidades adeudadas de conformidad con la presente decisión, al correo electrónico psdfifa@fifa.org.

6. En el caso de que el demandado no pague la cantidad adeudada con sus respectivos intereses, dentro de los 45 días siguientes a la notificación por parte del demandante al demandado de sus respectivos datos bancarios, se producirán las siguientes consecuencias:

A.

El demandado se verá impuesto con una prohibición de inscribir nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, hasta el momento en que se abonen las cantidades adeudadas y por un máximo de tres periodos de inscripción completos y consecutivos. Dicha prohibición se levantará inmediatamente y antes de su cumplimiento total, una vez las cantidades adeudadas hayan sido satisfechas (cf. art. 24bis del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores).

B.

En el caso de que la cantidad adeudada de conformidad con la presente decisión continúe sin ser abonada después del cumplimiento total de la prohibición descrita en el punto anterior, el presente asunto será remitido, a petición de la parte interesada, a la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

7. La decisión se pronuncia libre de costas.

Por la Cámara de Resolución de Disputas:

Emilio García Silvero

Director jurídico y de cumplimiento

NOTA SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN:

De acuerdo con lo previsto por el art. 58 par. 1, de los Estatutos de la FIFA, esta decisión podrá ser apelada ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, en sus siglas en francés). La apelación deberá interponerse directamente ante el TAS en un plazo de 21 días contados desde la notificación de esta decisión.

NOTA SOBRE LA PUBLICACIÓN:

La administración de la FIFA podrá publicar las decisiones pronunciadas por la Comisión del Estatuto del Jugador o la Cámara de Resolución de Disputas. En caso de que las decisiones contengan información confidencial, la FIFA podrá decidir publicar una versión anonimizada o redactada de la decisión, a instancia de parte dentro de un plazo de cinco días a partir de la notificación de la decisión fundamentada (cf. artículo 20 del Reglamento de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y la Cámara de Resolución de Disputas).

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